El 15 de julio de 2026 se publicó la Resolución No. SCE-DS-2026-30, mediante la cual la Superintendencia de Competencia Económica expidió un nuevo Instructivo de Gestión Coactiva, que regula el procedimiento para exigir el pago de obligaciones económicas a su favor.
La normativa establece las reglas aplicables desde la determinación de las obligaciones y la emisión del título de crédito, hasta la adopción de medidas cautelares, el embargo, remate y terminación del procedimiento.
¿De qué trata este nuevo Instructivo y por qué es importante?
La ejecución coactiva permite a determinadas entidades públicas exigir directamente el cumplimiento de obligaciones económicas sin necesidad de iniciar previamente un proceso judicial.
El Instructivo la define como una potestad administrativa de autotutela ejecutiva para exigir obligaciones previamente determinadas en actos administrativos que hayan causado estado, aclarando que no implica el ejercicio de una función jurisdiccional. Su aplicación debe observar principios como legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, motivación, proporcionalidad, transparencia, celeridad y eficiencia.
Esto resulta especialmente relevante para los operadores económicos sujetos a procedimientos sancionadores ante la Superintendencia, pues las multas o sanciones económicas no pagadas oportunamente pueden ser objeto de ejecución coactiva.
¿Qué obligaciones pueden cobrarse por vía coactiva?
La ejecución coactiva procede exclusivamente respecto de multas, sanciones económicas y demás obligaciones pecuniarias a favor de la Superintendencia que cuenten con una fuente legal expresa.
Esto comprende obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Ley Orgánica de Regulación Contra la Competencia Desleal y convenios de facilidades de pago incumplidos respecto de dichas multas o sanciones, entre otras obligaciones cuyo cobro coactivo sea atribuido expresamente por ley.
Para ser ejecutable, la obligación debe constar en un acto administrativo que haya causado estado o sea ejecutable conforme a la ley y ser clara, determinada, líquida, actualmente exigible y de plazo vencido.
El título de crédito y la orden de cobro
El título de crédito es emitido por la Dirección Nacional Financiera y documenta la obligación económica para efectos de su ejecución. Debe sustentarse en un acto administrativo que haya causado estado y su emisión no puede modificar la obligación originalmente determinada.
Por su parte, la orden de cobro transmite al órgano ejecutor la competencia para ejercer el cobro compulsivo. Ambos instrumentos cumplen funciones distintas dentro del procedimiento.
El pago voluntario antes de la ejecución coactiva
Antes de avanzar hacia la ejecución, cuando corresponda, deberá requerirse al deudor el pago voluntario dentro del término de diez días contados desde la notificación del acto que determina la obligación, bajo prevención de iniciar la coactiva.
Este requerimiento constituye un presupuesto procedimental indispensable, salvo las excepciones legales, y la constancia de su notificación debe incorporarse al expediente antes de la emisión de la orden de cobro.
¿Cómo inicia el procedimiento coactivo?
El procedimiento comienza cuando la Dirección Nacional de Recaudación y Coactiva recibe el título de crédito, la orden de cobro y el expediente completo, y verifica que se hayan cumplido los requisitos legales necesarios.
Una vez realizada esta verificación, el ejecutor de coactiva emite la orden de pago inmediato, mediante la cual dispone al deudor que cumpla la obligación dentro del término legal, bajo prevención de iniciar la ejecución forzosa.
Las actuaciones que produzcan efectos jurídicos frente al deudor o terceros deben ser notificadas conforme al Código Orgánico Administrativo. El Instructivo, además, prioriza la utilización de medios electrónicos cuando sea legalmente procedente y pueda garantizarse la constancia y trazabilidad de la notificación.
¿Es posible solicitar facilidades de pago?
Sí, el Instructivo permite solicitar facilidades de pago conforme al Código Orgánico Administrativo y la normativa aplicable. Cuando sean concedidas durante la ejecución coactiva, las medidas de ejecución quedarán suspendidas mientras se cumplan las condiciones acordadas.
Sin embargo, el incumplimiento de dos dividendos consecutivos o de la cuota final produce la terminación automática del convenio y permite continuar inmediatamente la ejecución por el saldo pendiente.
¿Qué ocurre si la obligación no se paga?
Ante el incumplimiento, pueden adoptarse medidas como la retención de fondos, prohibición de enajenar y embargo de bienes. Estas deberán ser idóneas, necesarias, proporcionales, suficientes y las menos gravosas para el deudor, atendiendo al monto de la obligación y demás valores exigibles.
El embargo deberá limitarse a bienes, derechos o valores suficientes para cubrir la obligación, evitando medidas excesivas o manifiestamente desproporcionadas. Posteriormente, los bienes podrán ser objeto de remate o, cuando legalmente corresponda, de venta directa.
¿Qué derechos tiene el deudor?
El deudor conserva sus derechos al debido proceso, defensa, motivación, debida notificación, acceso al expediente, solicitud de facilidades de pago y ejercicio de los reclamos y acciones reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Como regla general, no cabe impugnación administrativa contra los actos originados a partir del requerimiento de pago voluntario, salvo los casos previstos en el Código Orgánico Administrativo. No obstante, los actos expedidos dentro de la ejecución coactiva podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa cuando corresponda, sin perjuicio de las acciones constitucionales aplicables.
Respecto del título de crédito, además, puede formularse reclamo administrativo sobre sus requisitos o sobre el derecho de la Administración para emitirlo.
Prescripción y suspensión de la coactiva
Para las multas y sanciones sujetas a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado se observará un plazo de prescripción de ocho años, junto con las correspondientes reglas de cómputo, interrupción y suspensión. El ejecutor deberá verificar la vigencia de la acción de cobro durante el procedimiento.
Por otra parte, la presentación de una acción administrativa, judicial o constitucional no suspende por sí sola la coactiva. Para ello deberá existir una disposición legal o decisión de autoridad competente y cumplirse los requisitos correspondientes, incluida la caución cuando sea exigible.
¿Cuándo termina el procedimiento?
La coactiva puede concluir, entre otras causas, por el pago total, cumplimiento de un convenio de facilidades de pago, realización de bienes que cubra la obligación, prescripción, nulidad o baja del título de crédito o una decisión judicial o constitucional ejecutoriada.
La baja del título de crédito no necesariamente extingue la obligación, pues cuando el ordenamiento jurídico lo permita podrá emitirse un nuevo título o adoptarse las medidas necesarias para su regularización.
¿Qué implica este Instructivo para las empresas?
Para las empresas y operadores económicos, la nueva regulación hace especialmente importante el seguimiento de los procedimientos administrativos incluso después de emitida una resolución sancionatoria. Una obligación que no sea atendida oportunamente puede avanzar hacia medidas de ejecución sobre fondos, bienes y derechos.
Al mismo tiempo, el procedimiento está sujeto a requisitos y garantías que deben ser observados por la Administración, entre ellos la existencia de una obligación legalmente ejecutable, la correcta emisión del título de crédito y la orden de cobro, el requerimiento previo de pago cuando corresponda, la debida notificación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Conclusión
El nuevo Instructivo establece un marco más detallado para el cobro coactivo de multas, sanciones y demás obligaciones económicas a favor de la Superintendencia de Competencia Económica.
Para los operadores económicos, conocer estas reglas permite anticipar las consecuencias del incumplimiento y, a su vez, identificar los requisitos y garantías que deben respetarse durante la ejecución. Por ello, resulta fundamental atender oportunamente los requerimientos de pago y mantener un adecuado seguimiento del procedimiento antes de que avance hacia medidas de ejecución sobre bienes, derechos o fondos.
Daniela Rosas
Asistente Legal
Canessa Barriga Abogados