El reciente Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2026-059 emitido por el Ministerio del Trabajo el 27 de febrero de 2026, introduce una reforma relevante en la regulación de los turnos y horarios especiales, así como en la distribución de la jornada laboral en el Ecuador. Esta normativa no solo actualiza el procedimiento de autorización administrativa, sino que también incorpora mecanismos de flexibilización que responden a las nuevas dinámicas productivas de los diversos sectores de la economía nacional.
En lo sustancial, el Acuerdo delimita con mayor precisión los supuestos en los cuales un empleador debe solicitar autorización para implementar turnos especiales. Se consideran como tales aquellos esquemas en los que, por razones técnicas, operativas o de interés público, no es posible interrumpir la actividad laboral. En este contexto, se incluyen los casos en que se trabaja por más de cinco días consecutivos con descansos acumulados, así como aquellos en que se labora menos de cinco días seguidos con períodos de descanso inferiores a dos días consecutivos. Esta definición mantiene el carácter excepcional de este tipo de jornadas, pero al mismo tiempo otorga mayor claridad para su aplicación práctica.
De forma complementaria, el Acuerdo regula los horarios especiales, entendidos principalmente como aquellos que implican esquemas rotativos, ya sean diurnos, nocturnos o mixtos. Sin embargo, introduce un elemento de simplificación relevante al excluir de la necesidad de autorización a las jornadas ordinarias —incluso nocturnas o mixtas— siempre que no exista rotación. De igual manera, se eliminan ciertos supuestos que anteriormente requerían aprobación administrativa, lo cual reduce cargas regulatorias para el sector empresarial y amplía el margen de gestión interna de la jornada laboral.
Uno de los aspectos más significativos de la reforma es la optimización del procedimiento administrativo. El tiempo de respuesta del Ministerio del Trabajo se reduce de treinta a diez días laborables, incorporándose además la figura del silencio administrativo positivo, en virtud de la cual la falta de pronunciamiento dentro del término establecido implica la aprobación de la solicitud.
Adicionalmente, la normativa incorpora un componente de política pública orientado a fomentar el empleo juvenil. Se establece que las solicitudes de autorización que impliquen la creación de nuevas plazas laborales tendrán prioridad cuando contemplen la contratación de personas entre 18 y 29 años, con especial énfasis en quienes buscan su primera experiencia laboral. En este mismo sentido, se dispone que, tratándose de este grupo, los procesos de contratación deberán canalizarse obligatoriamente a través de la plataforma “Encuentra Empleo”.
No obstante, la innovación más relevante —y, a la vez, más debatida hasta la fecha— es la creación de la denominada jornada laboral eficiente para el desarrollo. Esta figura permite distribuir una jornada ordinaria de cuarenta horas semanales en jornadas de hasta diez horas diarias dentro de un máximo de cinco días, lo que en la práctica posibilita esquemas como la semana laboral comprimida. A diferencia de los turnos u horarios especiales, esta modalidad no requiere autorización del Ministerio del Trabajo, sino únicamente el acuerdo entre empleador y trabajador, el cual debe ser posteriormente registrado en un plazo máximo de 30 días desde su suscripción.
Desde una perspectiva empresarial, esta figura ofrece ventajas evidentes en términos de flexibilidad, reducción de costos operativos y mejora en la gestión del tiempo. Sin embargo, también plantea interrogantes jurídics relevantes, particularmente en lo relativo a la validez del consentimiento del trabajador en un contexto de desigualdad estructural en la relación laboral.
En este contexto, el nuevo régimen debe ser entendido como una oportunidad para modernizar la organización del trabajo, pero también como un instrumento que exige una aplicación prudente y equilibrada. Esta figura solo cumplirá su finalidad si responde a un consenso genuino entre las partes y no a una imposición derivada de la relación de subordinación. De lo contrario, podría desnaturalizarse su propósito y generar conflictos jurídicos o afectaciones a los derechos laborales.
María Antonieta Ribadeneira
Abogada | Asociada
Canessa Barriga Abogados